Representantes de la salud, del derecho penal y de credos exponen en la ronda de consulta ante el plenario de comisiones de la Cámara alta. El proyecto se trataría el 8 de agosto en el recinto.
En la Cámara de Senadores se realiza la segunda ronda de consultas con especialistas sobre el proyecto de legalización del aborto, de la que participarán juristas como Ricardo Gil Lavedra y Aída Kemelmajer. Las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reúnen para escuchar y hacer preguntas a los expositores invitados con la fecha del 1 de agosto como límite para firmar o no el dictamen que luego llegará al recinto.
La jornada empezó con un cruce entre la ginecóloga representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de Buenos Aires, Ángeles Carmona, y el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto. La médica dijo que la objeción de conciencia “es un bien constitucional no negociable” y afirmó que la lista de los profesionales que no practicarán abortos no tiene que ser pública porque “generaría discriminación en varios aspectos”.
Carmona aseguró que en las guardias generalmente no hay ginecólogos y advirtió que “no podrían dar respuesta respuesta a esta ley con la cantidad de médicos que actualmente trabajan en los hospitales”. “El no permitir al médico ejercer la objeción de conciencia cuando fuera el único disponible merece párrafo aparte, porque no es una enfermedad la que hay que tratar, es una mujer sana”, sostuvo. Y agregó: “No podemos trabajar bajo amenaza de cárcel”.
Por su parte, Pichetto le respondió que “la ley se queda corta” sobre la objeción de conciencia y cuestionó la medida. “No debería haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, lanzó. El senador consideró que “hay una dramatización” de la posibilidad para los médicos de no interrumpir embarazos contemplada en el proyecto y concluyó: “Con este argumento, muchas veces dejan en indefensión a chicas víctimas de violación. El Estado debe tener una mirada más amplia y humana”.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que el proyecto con media sanción en Diputados “establece un sistema de registro confiencial en el que el profesional no tiene que expresar las razones por las que es objetor”. Según el abogado, la iniciativa no viola la Convención Americana de Derechos Humanos ya que “de los 23 Estados que la ratificaron, 17 tienen sistemas de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) coincidió con Gil Domínguez y manifestó que “la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual de acuerdo a su desarrollo”, según lo que expresa la Convención Americana de los Derechos Humanos.
El director del Centro de Bioética de la UCA sugirió que en el proyecto de IVE se agregó un artículo para “eliminar chicos con discapacidades” y dos senadoras lo cruzaron fuerte. Terminó admitiendo que el proyecto no indica estudios diagnósticos genéticos “obligatorios” en el PMO
Se espera que, si se firma el dictamen de comisión, el pliego que cuenta con media sanción en Diputados se vote en el recinto el 8 de agosto. El proyecto de aborto legal fue aprobado en la Cámara baja con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.
La iniciativa legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, bajo el solo requerimiento de la mujer. También dispone que la práctica sea gratuita y de prestación obligatoria en todos los centros de salud públicos y privados del país. Por otro lado, habilita a partir de la semana 15 el aborto en casos de violación, imposibilidad de la vida extrauterina o riesgo de salud para la mujer.
