Preocupación por el futuro de la autopista 34

El ritmo de obra entre Angélica y Sunchales sigue siendo muy lento. Pero ahora también peligra seriamente la idea del Gobierno nacional de utilizar el sistema de Participación Pública Privada, por las objeciones del FMI a ese tipo de metodología. Se desmoronan las expectativas locales de conseguir financiamiento nacional para obras en la ciudad.

La conversión de la RN 34 en una autopista en el tramo Angélica-Sunchales está desde hace muchos meses en un cono de sombras. Aunque oficialmente la versión es que se está demorando el “replanteo” a que obligó la transformación del proyecto original de autovía a autopista, crecen los rumores de que en realidad el problema que mantiene a la obra prácticamente paralizada es que no hay acuerdo entre Vialidad Nacional y la empresa contratista para el recálculo de los costos que implica el nuevo proyecto. Otras versiones son más alarmistas aún e indican en que hay un fuerte atraso en los pagos comprometidos por Nación, y que por eso la contratista Luis Losi, a cargo de las obras, solo mantiene un ritmo muy lento en la Variante Rafaela, como para que nadie diga que la obra está parada.

Si el panorama es sombrío para el ritmo de obra en una zona donde hace más de tres años que se viene trabajando sin que se haya podido habilitar ni un solo kilómetro de autovía o autopista, peor lo es para el tramo entre Angélica y Rosario, que fue incluido para la segunda etapa del recientemente anunciado plan de obras en rutas nacionales por el sistema de Participación Pública Privada o PPP.

Sucede que la crisis que sacude el mercado cambiario y que obligó a Mauricio Macri a recurrir al Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento, también amenaza el éxito de la licitación del programa PPP, con el que el Gobierno busca mantener el ritmo de obra pública en los meses previos a las elecciones del año próximo. Estas dificultades se suman al anunciado recorte de 30 mil millones de pesos en el plan de obras públicas previstas para este año, lo que en parte ya está siendo ajustado y que explicaría el retraso de la obra de la autopista Angélica-Rafaela-Sunchales.

Para el Fondo no es adecuado para la coyuntura actual de la Argentina, porque se trata de “deuda encubierta”. Sostiene el organismo que si a la dinámica geométrica de crecimiento de la deuda externa ahora se va a sumar el préstamo del organismo, en un contexto de altísimo déficit fiscal, sumarle el peso financiero de los al menos 6.000 millones de dólares del primer tramo de PPP (la autopista Angélica-Rosario está incluida recién en un segundo tramo) suena inoportuno.

El panorama se complicó más porque surgieron nuevos pedidos de las empresas, preocupadas por el impacto de la crisis financiera en el negocio. A las exigencias que plantearon en la previa de la presentación de ofertas para las obras en seis corredores viales, en las últimas horas le sumaron nuevos pedidos para acotar el impacto de la corrida del dólar y la suba de tasas.

Chau obras locales

En tanto, el nuevo panorama económico y las dificultades que afronta el Gobierno ante la embestida de los mercados contra el peso, prácticamente echaron por tierra las expectativas que existían en el Municipio rafaelino para conseguir que al fin la administración Cambiemos se decidiera a impulsar alguna obra nacional en Rafaela. Especialmente se esperaba alguna respuesta positiva ante los pedidos elevados a Nación para realizar obras de infraestructura sanitaria en la zona Norte, a través de la ejecución de obras de saneamiento en cloacas. En total, se habían presentado proyectos de extensión de redes domiciliarias y de un caño colector maestro, lo cual insumiría unos 300 millones de pesos, pero ahora las esperanzas de que pueda lograrse algún financiamiento nacional son casi nulas.

Fuentes periodísticas nacionales indican que ahora el gobierno de Mauricio Macri quiere que las provincias y los municipios paguen parte de las obras que Nación iba a financiar. “Hay obras de infraestructura importantes que las provincias y municipios podamos acordar un setenta-treinta, por ejemplo”, afirmó el subsecretario de Gestión Municipal, Lucas Delfino, durante su visita a la localidad santafesina de Funes, donde junto al intendente Diego León Barreto firmaron un convenio para remodelar la plaza principal.

Según reveló el portal Lapoliticaonline, “el cofinanciamiento con las provincias y municipios de las obras públicas es una de las alternativas que manejan en el Ministerio del Interior para amortiguar el anuncio que hizo Nicolás Dujovne, cuando el mercado lo obligó a profundizar el ajuste tras la disparada del dólar”.

Si bien el principal objetivo de esta modalidad sería reducir al mínimo el impacto de la reducción de unos 30 mil millones de pesos en obras, según calculan en Hacienda, a la vez obligará a los jefes territoriales a volver a sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno nacional luego del Pacto Fiscal.

Sin embargo, Delfino aseguró que el ajuste no afectará a las obras iniciadas “y si a los nuevos convenios que se pueden llegar a postergar para el año próximo, pero todas las empezadas se van a finalizar”.

“Lo importante es comenzar a llevar adelante convenios y programas donde haya aportes de los municipios y de las provincias, teniendo en cuenta que las provincias están recibiendo más recursos que nunca en los últimos 50 años y buscamos alternativas”, sostuvo el funcionario, según lo revelado por el mencionado portal.

Alerta en la Provincia

El anuncio del recorte de obras nacionales alertó particularmente al Gobierno de Santa Fe. En paralelo con los anuncios sobre la profundización del ajuste y el recorte en la obra pública con el fin de desinflar la corrida bancaria, el gobernador Miguel Lifschitz se encuentra negociando con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, para avanzar en las negociaciones por el pago de la deuda estipulada por la Corte Suprema.

Hasta ahora no hubo grandes avances y se reiteró la modalidad de pago que una parte del monto -aún indefinido- se cancelará con bonos y el saldo a través de obras públicas para la Provincia. Precisamente, este último punto es el que generó mayor preocupación en los funcionarios santafesinos al conocerse la reducción del presupuesto en obras.

Frente a este panorama, la Provincia quiere incorporar en el convenio a firmar una garantía de ejecución que se active en caso de incumplimiento anual acordado. Esta garantía toma mayor relevancia a partir de los anuncios del Gobierno ya que en Santa Fe temen que se hagan grandes anuncios y después las obras no se inicien o queden inconclusas. Por tal motivo, “es central que dentro de las condiciones se agregue la garantía de ejecución”, sostienen los funcionarios santafesinos.

En cuanto a las obras que Nación emprendió en Santa Fe -conversión de ruta 33 y 34 y Circunvalación de Rosario entre las más importantes- los funcionarios provinciales afirman que el año pasado se invirtió apenas 1.400 millones de pesos y que los proyectos “están muy demorados”. Ante esta situación, que se advirtió antes de los anuncios del Gobierno, intuyen que la inversión en la Provincia se desacelerará aún más.