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Lamberto informó a la Legislatura que durante 2017 la Defensoría abrió 33.384 expedientes y pidió tener competencia en temas municipales

El defensor del Pueblo santafesino presentó a ambas cámaras el Informe Anual 2017, en cumplimiento con lo señalado por la ley de creación de la institución. Solicitó una ampliación de competencias para “encuadrar normativamente situaciones que diariamente se presentan en la práctica de la Defensoría del Pueblo y consagrar funciones que se cumplen de hecho”.

El Informe Anual sintetiza la actividad realizada por la Defensoría del Pueblo durante el año 2017.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, informó a la Legislatura provincial que durante el año 2017 la institución que conduce inició un total de 33.384 expedientes en el territorio provincial. Lo hizo a través del Informe Anual, dentro del cual también elevó a ambas cámaras una iniciativa legislativa para dotar a la Defensoría de competencia para abordar cuestiones municipales.

En el Informe se aclara que el número de personas que transitaron por las diferentes sedes y delegaciones de la institución es mayor al reflejado en la cantidad de expedientes, ya que en las ocasiones en que los ciudadanos llegan al organismo por un asesoramiento simple no se inician expedientes. También es necesario considerar, por un lado, que muchos expedientes implican a más de una persona (como los casos ambientales en trámite que involucran a barrios o poblaciones enteras) y, por otro, que el desarrollo de muchos casos, principalmente los vinculados a mediación o al Centro de Asistencia a la Víctima, lleva a que los peticionantes se presenten en la Defensoría en varias ocasiones. Tampoco están considerados en este guarismo los casos atendidos por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (de los cuales se da cuenta en la segunda parte del trabajo) ni los más de 5.000 ciudadanos que realizaron en la institución la gestión para justificar el no voto en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y generales nacionales de 2017.

El trabajo presentado detalla que la mayoría de las presentaciones estuvo vinculada a derechos básicos (con más de 35 por ciento). En esta categoría se reúnen los casos relacionados con derechos civiles, educación, salud, discapacidad, Derechos Humanos, vivienda, Registro Civil y Bien de Familia. En segundo lugar, se encuentran los agrupados en la categoría otros, que aglutina presentaciones referidas a municipalidades y comunas, el ámbito nacional, seguridad y justicia, otras Defensorías y la justicia nacional con competencia electoral . Luego se ubican los planteos de defensa al consumidor, que representan el 18,75 por ciento del total. Y, posteriormente, casi con el mismo porcentaje, se encuentran consultas vinculadas con infraestructura y servicios (9,18 por ciento) y movilidad y transporte (8,46 por ciento).

Respecto de la distribución territorial de las presentaciones, se informó que 14.613 fueron en la Sede Rosario (representando poco más de 48 por ciento), 7.382 en la Sede Santa Fe (25,3 por ciento) y 8.810 en las delegaciones del interior provincial (26,39 por ciento).

“Nuestro informe se distribuye en capítulos que corresponden a cada una de las áreas de actividad de la Defensoría. Nuestro deseo es que la información resulte clara y completa. Hemos tratado, asimismo, de no abundar en extensos detalles acumulativos que dificulten la lectura o que impidan una comprensión sintética y racional de lo actuado”, expresó Lamberto.

También señaló que “en la segunda parte del informe se detallan las acciones llevadas a cabo por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes durante 2017, primer año de la segunda gestión de Analía Colombo, quien está a cargo de dicha institución”.

Iniciativa legislativa

Dentro del Informe Anual 2017, y en concordancia con el artículo 75 de la ley de creación de la Defensoría, el defensor del Pueblo santafesino también elevó a las cámaras una iniciativa legislativa que modifica los artículos 1, 22 y 24 de la ley 10.396. El objetivo es conceder a la institución la competencia para intervenir ante departamentos ejecutivos municipales y comisiones comunales de la provincia de Santa Fe.

En el pedido se recuerda que dentro del Informe 2016 se había enviado a las cámaras una iniciativa para dotar a la Defensoría de legitimación procesal activa para instar acciones colectivas, lo que fue finalmente consagrado por la Legislatura santafesina.

El requerimiento de este año se hizo entendiendo que “proyecto permitiría encuadrar normativamente situaciones que diariamente se presentan en la práctica de la Defensoría del Pueblo y consagrar funciones que se cumplen de hecho ante la presentación de un vecino de determinada Municipalidad y/o Comuna provincial”. En ese ese marco, se precisa que “en la Defensoría se atienden los reclamos inherentes a facultades municipales y/o comunales y se tramitan mediante acciones de buenos oficios recibiendo siempre recepción y predisposición del administrador local”. A modo de ejemplo, en el año 2017 ingresaron a la Sede Rosario de la Defensoría del Pueblo 294 reclamos inherentes a cuestiones municipales -sólo respecto a Rosario, a lo que habría que sumarles las relativas a otros municipios- teniendo un porcentaje de resolución favorable.

También se subraya que la institución tiene 27 delegaciones en municipios y comunas, muchas de ellas surgidas de convenios con las administraciones respectivas, por lo que esta descentralización significaría una oportunidad inmejorable para actuar en territorio ante los reclamos que presenten los vecinos de la localidad.

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