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La inevitable reforma constitucional

Un debate caliente. La ley de leyes santafesina exige una actualización y la posibilidad de introducir en ella el mecanismo de “enmiendas

En 1994, una convención creada al efecto, reformó la constitución nacional y como consecuencia de ello, la mayoría de las provincias impulsaron su adecuación a un texto que el propio artículo 5 impone: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.

La reforma de la constitución en nuestra provincia es inevitable. Así lo han entendido las diferentes administraciones de los gobernadores Reutemann, Obeid, Binner, Bonfatti y ahora Miguel Lifschitz.

Solamente tres provincias, entre las cuales esta Santa Fe, han dilatado incomprensiblemente su reforma.

Inevitable por los imperativos que traza la Constitución Nacional cuando admite y reconoce las autonomías municipales; inevitable frente a la necesidad de consagrar dentro de nuestro sistema participativo, mecanismos como la Consulta Popular y la Iniciativa Popular; inevitable para instalar la libertad de cultos frente a un vigente artículo 3º que consagra como “religión oficial” al catolicismo apostólico romano; inevitable para sancionar nuevos reglamentos electorales en jurisdicción de los futuros municipios autónomos que habiliten la elección de concejales por circunscripciones; inevitable porque se torna imperioso modificar la actual conformación legislativa, proyectada en 1962 para atender y resolver una cuestión de gobernanza propia del “postperonismo” de 1955 y el “posdesarrollismo” de 1958; inevitable porque debemos avanzar en procura del “consenso superpuesto” que sostiene John Rawls, consolidando un sistema en la que estén representados la mayoría de los partidos políticos con un marco parlamentario dinamizado y efectivo, moderno y abarcativo; inevitable para ampliar en el ámbito provincial un conjunto de derechos sociales, económicos y culturales que la Nación no ha profundizado; inevitable para reformar profundamente al Poder Judicial, la composición de la Corte Suprema, los sistemas de concursos y acceso a la justicia impulsando mecanismos de transparencia y anticorrupción; inevitable, en definitiva para modernizar un derecho que ha quedado relegado y atado al siglo pasado sin proyectarse a las relevantes transformaciones que aporta la moderna tecnología en todos los ámbitos productivos, técnicos, funcionales que colabore con el rediseño institucional de la estructura republicana del estado provincial; inevitable porque se torna urgente la reforma del sistema representativo asignando proporcionalmente escaños a las nuevas minorías que no se sienten representados en los partidos tradicionales, los cuales, con su peso económico, conspiran con el principio de igualdad de los iguales en iguales circunstancias; inevitable para instalar definitivamente la periodicidad de mandatos, la re-elección limitada para todos los cargos electivos provinciales; inevitable para modificar el proceso electoral de elección de gobernador y vicegobernador incorporando procedimientos de segunda vuelta electoral o ballotage; inevitable para establecer criterios de transparencia y de control en el financiamiento de las campañas políticas; inevitable para ampliar el periodo ordinario de sesiones de la legislatura provincial; inevitable para reformar y jerarquizar constitucionalmente al Defensor del Pueblo, a los organismos de control; inevitable porque nuestra constitución no es pétrea y admite su modificación parcial o total. Su texto ha sido responsabilidad de una generación diferente de la actual que consagró su letra para una coyuntura determinada (1962). Desde aquella lejana fecha atravesamos gobiernos constitucionales, cruentas dictaduras, profundas crisis económicas, la guerra de Malvinas, 30.000 desaparecidos, el cierre de los ferrocarriles en nuestro país, la privatización de los servicios esenciales, la corrupción, y simultáneamente la globalización, Internet, la telefonía celular, Windows 10, Facebook, la fibra óptica, etcétera. Y señores diputados que nos dicen que “no es tiempo, hay cosas más urgentes…”.

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Se nos dice que “no es oportuno”. ¿Cuándo una reforma constitucional fue calificada de oportuna previamente a su celebración? Nunca. Se criticó la convocatoria constituyente de 1853, la de 1949 e incluso la de 1994 cuando se la vinculó al llamado “pacto de Olivos”.

Se nos imputa que los argentinos en general y los santafecinos en particular transitamos una situación de “crisis económica” que torna abstracto abocarnos a una reforma constitucional cuando “existen otros temas urgentes que resolver…”. Omiten decir que hace más de 60 años que vivimos en crisis. Somos, mucho de nosotros, una generación que vivió y padeció todos estos años, inflación, hiperinflación, golpes de Estado, “guerra sucia”, represión, anarquía, y aquí estamos procurando pensar, proyectar e imaginar un país diferente.

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Se nos señala que “el pueblo no conoce la constitución actual y los funcionarios pretenden reformar lo que nunca explicaron…” y ello no es cierto. La sociedad no conoce la letra detenida de la ley pero sabe que el “contrato social” es una ficción; que no existe posibilidad que los señores feudales y los ciervos de la gleba se sienten a dialogar pero son conscientes que la constitución es la única herramienta que le asegura principio de igualdad de trato, educación pública y gratuita, jueces probos, garantías que amparan sus derechos a una vivienda digna, su salud y alimentación sana, la protección de la niñez y del anciano, el derecho de defensa, etc.

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El actual gobernador y su ministro de Gobierno jerarquizaron una secretaría de Estado presidida por Oscar Blando, reconocido especialista en Derecho Político, para impulsar una amplia convocatoria política y social con la decisión de consensuar con diversos actores e instituciones la necesidad de la reforma constitucional. Un grupo de profesores de universidades públicas, titulares y adjuntos por concursos, fuimos invitados a participar, sin perjuicio de nuestra identidad partidaria o filosofía política, a componer el futuro temario y contenido de la eventual reforma; todo lo cual se tradujo en un conjunto importante de documentos a disposición de partidos y entidades no gubernamentales.

Si es inevitable la reforma de nuestra constitución y existe decisión política del actual gobernador ¿Cuál es la razón para que el proyecto o mensaje proponiendo la necesidad de declarar la reforma se siga dilatando? También se torna inevitable la respuesta: la mezquindad política, el sectarismo partidario, la especulación electoral, los proyectos corporativos e individuales de algunos narcisistas que invocan la presidencia de un partido, que no representan porque siempre evitaron las elecciones internas.

Participo de la idea que la constitución es un documento que se retroalimenta de la realidad social, que requiere actualizarse permanentemente y que no se asimila a la Biblia, el Corán o la Thorá; por el contrario, exige su actualización y para ello la posibilidad de introducir en la inevitable reforma constitucional el mecanismo de “Enmiendas” la torna más humana.

Es tiempo de reforma, de debate público y fundamentalmente de participación ciudadana.

Ricardo Alejandro Terrile / Profesor Titular por concurso de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario

Ronda Vida 106.7

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