Malestar en la Iglesia por la difusión de los aportes

Consideran una “cortina de humo” para tapar la realidad económica. Lo mismo dijeron cuando Macri habilitó el debate sobre el aborto.

La Iglesia se quejó ante el gobierno por la irrupción esta semana en la escena pública de los aportes que recibe del Estado en concepto de sostenimiento del culto. Si bien los obispos consideran que los montos no son secretos porque son parte de los fondos públicos, consideran que el surgimiento de la cuestión ahora forma parte de una “nueva maniobra distractiva” de los problemas económicos y los cuestionamientos éticos a ciertos funcionarios.

Los obispos ya habían tomado como una “cortina de humo” el desbloqueo por parte del Poder Ejecutivo del debate en el Congreso de la despenalización del aborto. La irrupción del tema de los aportes a la Iglesia —muy criticaba por muchos sectores, incluso dentro de la propia comunidad católica— es un tema “taquillero” que, dicho sea de paso, debilita al Episcopado en medio del debate por el aborto.

La cuestión surgió a raíz de una pregunta sobre cuánto perciben los obispos entre las 1.318 que le llegaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con motivo de su exposición en el Parlamento. La autora es la diputada porteña Carla Carrizo, del bloque Evolución, que lidera Martín Lousteau. En la respuesta por escrito, se señala que el aporte total a la Iglesia será este año de $130.421.300. Y que mensualmente cada obispo diocesano recibe $46.800; cada obispo auxiliar: $40.950, y cada obispo emérito: $40.950.

Pero los obispos no parecen creer en la inocencia de la pregunta. El obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, lo dio a entender en declaraciones al diario La Voz del Interior, más allá de que se declaró a favor de la transparencia de los fondos públicos: “Las cifras son conocidas. Lo que me extrañó —dijo— es que los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto, donde una parte está destinada al sostenimiento de la Iglesia Católica, hayan preguntado eso”.

Precisó que “no son salarios, sino asignaciones” y que, en su caso, “de los 46.000 pesos que recibo, hay un porcentaje que va a un fondo solidario. Hace unos años me tuve que operar de los ojos y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con ese fondo, me ayudó. Lo demás, unos 42.000, son para mantener mi casa, para la comida y para mi vehículo. Lo que queda va al sostenimiento de los gastos ordinarios del obispado, que son muchos”.

Y destacó: “A veces, cuando se da esta información, se dice que el Estado sostiene a la Iglesia Católica. Pero los que sostenemos a la Iglesia somos los católicos. El Estado hace un aporte, que es entre el seis y el siete por ciento del total de nuestro presupuesto”. Según el obispo, el aporte más grande lo hacen los católicos (con colectas, por ejemplo). “Y hay ayuda que nos llega del exterior”, completó.

Finalmente, Buenanueva opinó que “hay que discutirlo todo. La forma actual (de aportes a la Iglesia) es caduca. A veces se dice que esto lo impuso la dictadura (una ley). La dictadura le dio la forma que ahora tiene, pero ya venía de antes. Está en el artículo 2 de la Constitución (el Estado federal sostiene al culto católico)”.

Por su parte, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, aseguró que el aporte económico que recibe del Estado lo gasta en “darles a los pobres” y está fundado en el artículo segundo de la Constitución nacional.

“Los constituyentes del 1853 cuando pusieron esa formulación quisieron buscar una vía intermedia entre el Estado confesional y el Estado laico o ateo, que no solamente significa el aporte económico sino el de fomentar y favorecer el culto católico”, añadió.

Tras la revelación de Marcos Peña, la izquierda exige derogar las leyes que financian a la Iglesia. Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal a la Iglesia.