Los Monos: Pidieron la absolución de los uniformados

Fue ayer, cuando alegaron los defensores de 13 agentes vinculados a la banda mediante escuchas telefónicas puestas en discusión.

En el juicio oral a la banda de Los Monos son más los empleados de fuerzas de seguridad (13) que los civiles imputados (12). La mayoría de los uniformados presentaron ayer, a través de sus abogados, sus alegatos de cierre en el juicio por asociación ilícita y otros delitos. Hoy será el momento de escuchar las dúplicas y réplicas por parte de la Fiscalía y las defensas y, desde el lunes, se realizarán los alegatos por los cinco homicidios que se ventilan en el extenso juicio oral.

Los trece efectivos en cuestión tuvieron menos protagonismo en las audiencias que los acusados del “núcleo duro” de Los Monos y sus abogados contestaron las acusaciones caso por caso. Criticaron con dureza la investigación de la causa y dijeron que sus clientes fueron ligados por escuchas a terceros que no fueron reforzadas con otras medidas de prueba. Todos terminaron sus exposiciones pidiendo las absoluciones por falta de pruebas.

– Gustavo “Gula” Pereyra: El ex comisario inspector trabajaba en la Subsecretaría de Delitos Complejos y fue acusado de integrar la asociación ilícita por escuchas en las que el policía Juan “Chavo” Maciel (ya condenado por aportes a la banda), menciona a su jefe “Gula” en charlas con Ramón “Monchi” Machuca, sindicado como jefe de Los Monos. La fiscalía pidió para él 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

Pereyra había sido desligado de la causa por el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna pero el camarista Daniel Acosta revirtió la medida porque halló mails enviados por “Gula” a sus superiores con datos de las investigaciones. “El juez Acosta lo tomó como algo contradictorio pero es tal el desorden de esta causa que el conjunto de mails estaba en un sobre aparte”, dijo su abogado, Alberto Tortajada.

Para el letrado, el único error que podría achacársele a “Gula” es haber sugerido a Maciel para que integrara su Brigada de trabajo. Pero recordó que, antes, Pereyra había propuesto a otras dos personas que fueron rechazadas por su jefa, Ana Viglione. “Maciel cayó como una fruta madura porque las otras dos frutas no las tuvimos”, dijo.

“¿Cuáles son los elementos probatorios que mantienen en esta situación a Pereyra? (se preguntó el letrado). Conversaciones de terceros. Estamos todos locos. Y esto es lo que mantiene acusado a un tipo que ha perdido cuatro años y medio y la función cuando tiene un concepto correctísimo, porque ha sido un policía duro”. Por ello pidió nulidades y reclamó la absolución.

– Germán Horacio Herrera: Era jefe de Sustracción de Automotores. Está procesado por cohecho y encubrimiento agravado acusado de alertar a miembros de Los Monos de una inspección a una cochera donde había un Peugeot 307 de Claudio “Pájaro” Cantero. La acusación parte de una escucha en la que Mariano Ruiz, condenado como agente financiero del grupo, le advierte a “Monchi” que allanarían la cochera y le sugiere arreglar con Automotores.

“A lo largo de tres meses no surgió ni siquiera el nombre de mi defendido”, arrancó su solvente alegato la defensora pública Florencia Chaumet. Recordó que la inspección a la cochera del 30 de mayo de 2013 fue efectuada mientras Herrera y su segundo, el coimputado Guillermo Cardini, allanaban un desarmadero en calle Ombú. Recordó que los vecinos de la cochera, al declarar en la sala, no reconocieron a Herrera como partícipe de la medida.

E indicó que Herrera fue implicado porque en la escucha Ruiz dice “está el jefe”: “¿Por la genérica expresión jefe va a tener preso a mi defendido? ¿No podemos pensar que Mariano Ruiz inventara la presencia del jefe? Recordemos que a Ruiz le decían «Mentirita». Herrera nunca estuvo allí”. Y sostuvo que dos meses después, el 16 de julio, la Brigada de Judiciales secuestró en la misma cochera el Peugeot 307, aunque el pedido de captura de ese auto es del 2 de julio, es decir, posterior a la requisa de mayo.

“El fiscal habla de cohecho. Tan carente de fundamentos es esta calificación que no nos dice cuál es el dinero que habría recibido. Todos los perjuicios causados a Herrera se podrían haber evitados. Le declararon la quiebra, estuvo en disponibilidad 4 años y medio, fue privado de su libertad durante el nacimiento de su hija”, enumeró, y en ese momento su cliente rompió en llanto. Por todo eso Chaumet cuestionó el pedido de pena de 3 años y 3 meses y solicitó la absolución.

– Guillermo “Pipa” Cardini: Era subjefe de Sustracción de Automotores y está acusado por cohecho y encubrimiento por el allanamiento a la cochera de pasaje Blanco. La Fiscalía pidió 3 años y 3 meses de prisión. “Ahí me llamó el pibe de Automotores, «Pipa», ¿viste? Me dijo que querían ir para pasaje Blanco donde dicen que hay autos de alta gama, motos, no sé si es de ustedes, fijate”, le dice el 30 de mayo de 2013 Ruiz a “Monchi”. Luego propone realizarle un pago a “Pipa” para evitar el secuestro de un auto.

De pie ante los jueces, el abogado Víctor Corvalán desgranó un alegato enérgico para pedir la absolución de su cliente. Fustigó al juez instructor Juan Carlos Vienna, de quien dijo: “Era un hombre arbitrario, abusaba del poder inquisitivo de la época y debe ser juzgado. Toda la instrucción es producto de un gran prevaricato”. Y pidió a los jueces que ordenen la apertura de una causa contra Vienna en la Fiscalía y que los fiscales paguen las costas del proceso.

“Cardini nunca tuvo contacto con Mariano Ruiz. El fiscal quiere probar que estuvo presente en el garaje haciendo la inspección pero (los vecinos) hicieron un reconocimiento negativo”, siguió Corvalán. Y resaltó que el alerta de Ruiz a “Monchi” fue a las 11.43 cuando la inspección a la cochera fue previa.

– Juan José Raffo: Este ex agente de la policía rosarina está acusado por asociación ilícita, violación de secreto y cohecho. La fiscalía pidió 8 años y 6 meses de prisión unificados en 9 con una condena anterior.

Luego de pedir nulidades porque la Fiscalía no presentó a tiempo la prueba, el defensor Rodrigo Mazzuchini reclamó su absolución: “El mero contacto no lo convierte en parte de una asociación ilícita”, dijo. Y remarcó que al momento de los hechos su cliente estaba en disponibilidad por lo que no pueden imputarle delitos propios de un funcionario público ni pudo acceder a información secreta.

– Sergio Blanche: El ex comisario está acusado por asociación ilícita, cohecho y violación de secreto. Por ellos la Fiscalía pidió 8 años y 6 meses de prisión. El abogado Mazzuchini dijo que a la Brigada de Judiciales “no le gustaba Blanche dentro de la fuerza policial y lo limpiaron. No hay escuchas contra él. Dicen que hay un tal Sergio que les daba balas a este grupo delictivo cuando él no estaba en Logística y las provisiones al personal policial son pocas”.

– Mario Roberto Otaduy: El agente de Prefectura Naval acusado de pasar información de Los Monos fue acusado por escuchas telefónicas a la banda. La defensora Florencia Chaumet remarco que a lo largo del debate esas escuchas no se reprodujeron. Por ese motivo “no pudimos revertir esa prueba ni contradecirla”.

A pesar de eso, sostuvo que “Otaduy se presentó en la Policía Federal, se prestó voluntariamente para hacer la pericia de voz y se determinó que los audios (de las escuchas) eran tan cortos que no eran aptos para ser cotejados”, por lo que pidió la absolución de su asistido.

“Hay una inconsistencia en la acusación”, dijo Chaumet, quien enfatizó que el propio Ariel Lotito, a cargo de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), dijo que Otaduy había colaborado con la investigación en sus declaraciones durante el juicio. Al respecto Lotito expresó que cuando Otaduy trabajaba en Prefectura le había pasado “información sobre Los Monos”, y que los datos los obtenía “de un compañero”. Ese compañero es Luciano Ramos, un agente condenado en 2013 a 3 años de prisión condicional en un abreviado como miembro de la asociación ilícita.

Eduardo Anacleto Enriquez: El suboficial de la policía fue acusado por asociación ilícita, cohecho, violación de secreto y encubrimiento. La defensora Chaumet volvió sobre las consideraciones realizadas por sus pares respecto de la validez de las escuchas telefónicas sobre las cuales se asientan las acusaciones de la Fiscalía. “No deben considerarse válidas porque fueron ordenadas de forma arbitraria” y por lo tanto las actuaciones que se generaron en base a ellas también carecen de validez. Por esto, sostuvo, la acusación en contra de Enriquez debe considerarse nula. Asimismo consideró que ninguna de las acusaciones puede ser demostrada en base a la prueba vertida durante el debate. Y tras resaltar que Enriquez no incrementó su patrimonio sino solicitar un crédito por las dificultades económicas que atravesaba, solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Omar Angel Abraham Lescano: Es un ex agente de la Brigada de Investigaciones que se encuentra acusado por los mismos delitos que Enriquez. Su defensora, Mónica López, hizo consideraciones similares a las de Chaumet y sus demás colegas respecto de la validez de las escuchas y remarcó que la Fiscalía no presentó pruebas para demostrar los delitos que se le achacan. “El fiscal dijo que forma parte de una asociación ilícita que ni siquiera pudo ser probada que haya estado conformada”. Además, remarcó que Lescano “no tiene inmuebles, ni cuentas bancarias” que prueben que ha tenido un incremento patrimonial.

Agustín Ruiz: Es el hermano de Mariano Ruiz, condenado en 2013 a 3 años de prisión por pertenecer a la asociación ilícita. A Agustín le achacan ser testaferro de Los Monos. El defensor Fausto Yrure pidió su absolución porque el mote de testaferro viene de una casa en Funes y un auto que Ruiz tenía a su nombre y que, como no tenía capacidad económica para adquirirlos, se infirió que había prestado su nombre a la banda para escriturarlos.

“La lógica dice que todos aquellos que eran cercanos a Los Cantero tenían que formar parte de una asociación ilícita. Lo mismo pasó con Mariano Ruiz”, consideró el letrado, quien explicó que Agustín no había prestado su nombre a Los Monos sino a su hermano mayor, que había adquirido esos bienes pero no podía escriturarlos porque tenía problemas con la Afip. “La casa se adquirió con aportes de todos los miembros de la familia. Era la casa familiar”, dijo.